248/ Del Yak-42 al Tamayazo
La gestión de la mayoría absoluta de Aznar estaba siendo bombardeada por muy malas noticias y tragedias: al Prestige y la oposición de la ciudadanía a la guerra, en la primavera de 2003 se unirían la manipulación informativa en RTVE, al accidente del Yak-42 y el “Tamayazo”.
La demanda contra RTVE de “C C O O”
El 25 de mayo se celebraban elecciones municipales y autonómicas. La campaña había arrancado con una mala noticia para el gobierno; Concretamente sobre la información ofrecida el año anterior con motivo de la huelga de 24 horas convocada por Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores celebrada el 20 de junio contra la reforma del subsidio de desempleo realizada por el gobierno de José María Aznar a la que se sumaron los sindicatos minoritarios. La información de TVE sobre “La huelga que no existió” había sido objeto de una demanda presentada por Comisiones Obreras a raíz del tratamiento informativo, favorable al Gobierno que le dieron los Telediarios del canal público a la mencionada huelga general. Era la primera vez que un juez admitía a trámite este tipo de demanda. TVE sostenía que no tenía fundamento y aseguraba haber respetado siempre los objetivos de pluralidad y objetividad. CC. OO. argumentaba que en un estudio realizado se demostraba que TVE desplegó una campaña a favor del Gobierno y en contra de los sindicatos y la huelga. La vista que se celebraría el 22 de mayo en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, constituía el primer juicio por manipulación informativa contra Televisión Española, y el sindicato había pedido que compareciera en el juicio Alfredo Urdaci como responsable de los Servicios Informativos y de lo que considera una vulneración del derecho constitucional de los ciudadanos al pluralismo y a una información veraz. Finalmente el 23 de Julio la Sala de los Social de la Audiencia Nacional daría a conocer el resultado del juicio por el que se condenaba a RTVE por “violación de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”, y la obligaba a emitir un comunicado en las dos ediciones del telediario de la 1 y en La 2 Noticias. Dicha emisión tendría lugar de forma ominosa cinco meses mas tardes, concretamente el 16 de octubre una vez finalizadas las ediciones de los informativos.
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El Yak 42
Al día siguiente de las elecciones, mientras los partidos analizaban los resultados que daban la primera victoria socialista en varias convocatorias, y que en Madrid iban a cercenar dos tránsfugas apellidados Tamayo y Sáez, éramos sacudidos por una tragedia aérea. Un Yakolev 42 se estrellaba en Turquía con 75 personas a bordo, entre ellas 62 militares españoles que regresaban a España tras una misión de cuatro meses en Kirguistán y Afganistán.
Es de suponer la efervescencia informativa, imposible describir a golpes de recuerdos durante aquél mes de Mayo en el que, entre las fiestas de Madrid con las actuaciones programadas de las cadenas musicales, la campaña electoral, los debates, las demandas a TVE y los diferentes movimientos para suceder a Aznar como candidato a encabezar las listas del PP para la presidencia del gobierno de 2004, debido a que había anunciado que no se iba a presentar a una nueva candidatura, tenía el patio político-mediático muy alterado.
El vuelo 4230 de UM Airlines se estrelló en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda el 26 de mayo de 2003 con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán; todos ellos fallecieron junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Siguiendo las normas de trabajo que nos habían convertido en referencia para la audiencia, la Ser se ponía del lado de los ciudadanos, investigaba y requería información. Al día siguiente familiares y compañeros de los 62 militares españoles fallecidos denunciaban en la antena el estado de los aviones, mientras el secretario de estado de Defensa, Díez Moreno reconocía en Hora 25 que el transporte de militares españoles en aviones alquilados era “una necesidad obligada” por la carencia de aparatos de ese tipo, negaba que fuera por ser mas barato. Se excusaba diciendo que “las fuerzas armadas son una profesión de riesgo…”
El seguimiento de las diferentes áreas de la Cadena Ser, nacional, internacional, sociedad, etc. fue exhaustivo, reclamando declaraciones e investigando. Tras días después del accidente el ministro de defensa, Federico Trillo le decía a Iñaki Gabilondo que le “gustaría poder darles una explicación mas satisfactoria a las familias pero tengo que insistir en que el avión estaba en buenas condiciones” y que lo fácil sería dimitir y que lo haría si solucionara algo. Pero el rosario de manifestaciones e investigaciones llevaban siempre al mismo resultado que resumía Eivind Vindenes, capitán del ejército noruego que unos meses antes había volado en ese avión y había temido por su vida.
Dos semanas mas tarde supimos que cuando el ministro Trillo comparecía en el Congreso para explicar el accidente de Turquía, el Gobierno español ya sabía que el Yakolev-42 no tenía autorización del Ejecutivo de Ucrania para volar a Kabul donde recogió a los soldados. Fuentes diplomáticas habían reconocido a la SER que la embajada de España en Kiev envió una comunicación en la que se decía que el Ministerio de Transportes ucranio no había autorizado al Yak- 42 a viajar a Kabul.
Como en todos los casos que afectaba a los ciudadanos el Pulsómetro sondeó la opinión de los españoles y se manifestaron diciendo que creían el gobierno tenía responsabilidad en el accidente mientras que se mostraban divididos a la hora de manifestarse sobre la dimisión del Trillo como ministro.
Con el paso de las semanas se supo el caos en el reconocimiento de los restos humanos, los motivos para la aceleración de los funerales de Estado y las constantes y dramáticas quejas y peticiones de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Accidente del Yakolev que encabesaba Carlos Ripollés, hermano de uno de los militares fallecidos. El caso tomaría un cariz mas duro y tremendo cuando un mes después del accidente dimos a conocer como primicia que los informes de las autoridades turcas sobre los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 se encontraban ya en España y se habían descubierto errores relevantes de identificación en varios de los militares españoles. Las pruebas de ADN fueron realizadas tras el accidente en Turquía y habían sido analizadas por el Instituto de Toxicología de Estambul.
A raíz de conocer en Marzo de 2009 que Trillo había ordenado celebrar el Funeral de Estado cuando la identificación de los fallecidos acababa de comenzar pese a haberse constatado en Turquía las dificultades de la identificación de los cadáveres, Àngels Barceló entrevistó en Hora 25 a Bulet Sam, el médico forense que se encargó de las labores de identificación de los fallecidos y le manifestó que los militares españoles habían mentido en el juicio porque las malas identificaciones eran responsabilidad del ejército español. Afirmó que conservaban muestras de ADN porque eran pruebas de su inocencia. Según Sam, el exsecretario de Estado de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, intentó convencerles de que asumiesen los errores en las identificaciones: Precisamente “El 11 de marzo del 2004, el ex secretario de estado de defensa, Javier Jiménez Ugarte, vino a Turquía y pidió a las autoridades turcas que aceptáramos todos los problemas que estaban surgiendo y no lo aceptamos”, manifestó el forense turco, porque esto “implicaba decir que la culpa de los errores era del equipo médico turco”. 13 años después las familias siguen pidiendo justicia.
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El Tamayazo
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| Tamayo y Sáez en la Asamblea de Madrid |
En las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25 de Mayo Alberto Ruiz-Gallardón había ganado por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital mientras que Esperanza Aguirre, candidata del PP para presidir la Comunidad, se había quedado a un escaño de la mayoría absoluta. El resultado en la Asamblea había dado 55 escaños a los populares, 47 a los socialistas y 9 a Izquierda Unida. En las reuniones previas a la sesión de investidura PSOE e IU habían llegado a un acuerdo para formar gobierno, siendo Rafael Simancas el candidato que saldría elegido.
Tras una mañana de tensiones y nervios Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no aparecían por la Asamblea siendo elegida presidenta de la misma la popular Concepción Dancausa. El equipo de Oliver lo formaban Felipe Serrano y Mar Ruiz entre otros, junto a Daniel Anido como jefe de informativos y García Ferreras, se pusieron a trabajar y a las dos y media de la tarde en Hora 14 José Antonio Marcos entrevistaba a Eduardo Tamayo que circulaba por Madrid (tiempo después nos enteramos con quien y a dónde iba). El diputado socialista amenazaba con impedir que Simancas fuera presidente de la Comunidad de Madrid “si la cerrazón de la propia FSM y del compañero Rafael Simancas es la de obtener el poder a cualquier precio, desde luego yo no voy a estar en esa posición” y afirmaba que su ausencia de la votación se debía a que no estaba de acuerdo con el pacto con IU; “hay una serie de compañeros a los cuales represento que no estamos de acuerdo con el pacto con IU para el gobierno en la Comunidad de Madrid y por tanto entendemos que es un pacto que perjudica enormemente los intereses del partido socialista”… Marcos le preguntó por su relación con Balbás a lo que Tamayo reconoció que era amigo suyo pero negó que tuviera nada que ver con su decisión anteponiendo siempre su ideología sobre todo lo demás.
Al día siguiente, el perjudicado (Simancas) y la beneficiada (Aguirre) se explicaban en la SER. Para el socialista las razones de los dos diputados no eran de índole político y sólo beneficiaban al PP: “los argumentos que utiliza Tamayo jamás se han escuchado en el Psoe, sólo en las ruedas de prensa de Javier Arenas, Esperanza Aguirre y José Mª Aznar”. Preguntado por la posibilidad de nuevas elecciones Simancas lo consideraba una excepcionalidad: “los ciudadanos se expresaron el pasado 25 de mayo con toda claridad, apostaron por el cambio y ahora todos tenemos que respetar la voluntad democrática libremente expresada en las urnas”. El propio Simancas compartía con la audiencia el mensaje trasladado a los ciudadanos que les habían votado, “un sentimiento de vergüenza…, de bochorno. Se ha producido una indignidad democrática, una afrenta a los ciudadanos por el comportamiento indigno de dos personas.
Esperanza Aguirre se frotaba las manos con la posibilidad de repetir la convocatoria porque “es una posibilidad, está prevista en el reglamento y sería una de las posibilidades para dejar claro que han querido los electores madrileños”. En el mismo sentido se manifestaba Dancausa, ahora presidenta de la Asamblea, beneficiada por la “espantada” de los tránsfugas que pasaron al grupo mixto.
Apenas cinco días mas tarde el trabajo de investigación que se prolongaría varios meses haciéndonos recorrer el suroeste de la Comunidad de Madrid empezaba a dar sus frutos. Averiguábamos que el “golpe de mano” en la Asamblea de Madrid había sido amparado por representantes de un grupo empresarial de Villaviciosa de Odón, localidad donde yo viví, que lideraba el promotor Francisco Vázquez Igual y su sobrino, Francisco Bravo Vázquez. Este último, en concreto, era la persona que ordenó la reserva de las habitaciones 209 y 309 en el Hotel Los Vascos de Madrid para los diputados Tamayo y Sáez, y el que había mantenido con ellos los contactos telefónicos en los momentos clave de la operación.
En la nota que enviamos a los medios relatábamos una serie de detalles reveladores de cómo se había formado toda la trama que incluso llevaría en su momento hasta condicionar las elecciones locales en el PP de Villavicosa de Odón. En dicha nota desvelábamos quienes eran estos empresarios, qué vinculaciones políticas tenían y su relación con la trama. Una de las relaciones más llamativas que descubrimos se remontaba a 1998 en Villaviciosa de Odón. La alcaldesa de ese Ayuntamiento era entonces Pilar Martínez, que también ocupaba un puesto como vocal del Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios de Madrid. En Villaviciosa, el promotor Francisco Bravo, José Luis Balbas y Tamayo, como abogado, habían coincidido en la Junta de Compensación creada para promover una operación urbanística en el Polígono de Quitapesares que fue denunciada en su día por presentar varias irregularidades.
Francisco Bravo reconoció en la Ser que ordenó reservar las habitaciones del hotel para Tamayo y Sáez “porque Tamayo me lo pidió como un favor. Estaba muy nervioso y algo dubitativo”, y admitió haber hablado varias veces por teléfono con Tamayo en las últimas semanas. Francisco Bravo aseguró que conocía a Eduardo Tamayo y a José Luis Balbás desde que coincidieron en el año 98 en una junta de compensación urbanística en Villaviciosa de Odón. El 18 de Junio, ocho días después del Tamayazo averiguábamos que José Luis Balbás había encargado personalmente los servicios de escolta para Tamayo y Sáez el día que dieron la espantada en la Comunidad de Madrid.
Nos demandan, y condenan a Anido e Irago
La tarde del 17 de Junio tras la reunión de Hora 25 con Carlos Llamas para tratar los temas de la noche pasamos al despacho de Ferreras, en el que se encontraban Delkáder y Gavela, Dani Anido, Rodolfo Irago, Carlos Llamas y yo. Se estaba hablando sobre la información que nos había llegado sobre la denuncia que en su momento había formulado ante los órganos internos del partido la anterior alcaldesa de Villaviciosa, Pilar Martínez que en varias cartas dirigidas a Ricardo Romero de Tejada, secretario regional del PP en Madrid, le pedía que garantizase el proceso electoral interno en la agrupación villaodonense tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido. Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez. La confrontación interna vivida en el municipio de Villaviciosa de Odón se enmarcaba además en el enfrentamiento interno que había estallado entre los partidarios de Romero de Tejada y su aliada Esperanza Aguirre, contra los seguidores de Alberto Ruiz-Gallardón.
En un momento determinado salí de la reunión y llamé a un contacto que podía ayudarnos y me ofreció la lista de los afiliados en masa. Entre de nuevo en el despacho y dije “si queréis la lista la tengo aquí antes de dos horas, pero me tengo que ir a Villaviciosa”. Me miraron extrañados pero Ferreras ratificó que posiblemente pudiera tener acceso a dicha documentación porque yo vivía allí. No perdí tiempo; fui a ver a mi contacto, me entregó la documentación y dos horas mas tarde estaba la relación de nombres en la mesa de Antonio. Esa noche Hora 25 abría con la información y en la web se colgaba la documentación completa. En ella figuraban las cartas de Pilar Martínez, denunciando los hechos. En una de ellas, la ex presidenta del PP local de Villaviciosa se dirigía a Romero de Tejada en estos términos: “…en aras a la honestidad y transparencia que deben guiar la actuación de los responsables regionales del Partido Popular, y especialmente en defensa de aquellos afiliados que se presentan a las elecciones del lunes avalados por otros muchos afiliados que durante años han querido y cuidado al partido, se debería actuar adecuadamente y no permitir que personas desconocidas, con residencia en otros municipios, decidan quién será el próximo Presidente Local, porque en el caso de que estas 78 afiliaciones consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio”.
En otra de sus cartas a Ricardo Romero de Tejada aportaba una relación de 100 afiliados, especificando que 3 de ellos lo eran regularmente y no figuraban en el censo electoral enviado por Génova; censo que sí recogía, sin embargo, 19 que ya habían causado baja y 78 que “como su numeración indica, son afiliaciones recientes que no cuentan con la aprobación del Comité Local”.
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| Anido e Irago |
Seis años mas tarde, el 23 de diciembre de 2009 el Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, titular del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, dictó una sentencia en la que condenaba a Daniel Anido y a Rodolfo Irago, que ya en ese momento eran director de la Ser y director de Informativos de la cadena, como autores de un delito de “revelación de secretos”, a un año y nueve meses de prisión, y a las penas accesorias de “inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas” y a “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.
La condena imponía también el pago de una multa diaria de 100 euros durante seis meses y de una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los denunciantes. Al establecer la indemnización y la multa, el juez argumentaba entre otras cosas que “como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en el juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena SER (…), cargos que si bien desconocemos cuál será su retribución, sin duda será verdaderamente importante”.
La sentencia fue recurrida en Enero de 2010 y finalmente el 17 de Junio, Anido e Irago eran absueltos del delito de revelación de secretos por el que habían sido condenados en primera instancia. Así lo decidiría la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid al estimar el recurso presentado por el director de la Cadena SER y el director de los Servicios Informativos contra la sentencia del juzgado de lo penal número 16 de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid establecía en el fallo que la lista de afiliados irregulares publicada en la web de la Cadena SER no podía considerarse parte de ningún archivo ni de un libro de afiliados del PP de Villaviciosa de Odón. Así pues, no pudo haber un delito de revelación de secretos. Al ser penalmente atípicos estos hechos, la Audiencia Provincial de Madrid estimaba innecesaria la valoración de otros argumentos utilizados en la sentencia que condenó inicialmente a Daniel Anido y Rodolfo Irago, y la revocaba en su totalidad.
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El verano de 2003 se presentaba calentito con los ecos y repercusiones de la guerra, las investigaciones del Prestige, el escándalo del Yak-42, la comisión de investigación sobre el Tamayazo, las nuevas elecciones en octubre en la Comunidad de Madrid, nombramientos y cambios en la dirección de varias emisoras, los enfrentamientos entre Jesus Gil y Julián Muñoz,
Para saber mas
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